Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en jaque a JZ En todo el mundo, un coloso del capital riesgo estadounidense, debido a las acciones de sus 2 administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se intensifica con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una estructura societaria destinada a conseguir el control en en torno a veinte compañías empleando inapropiadamente los recursos de Gedesco, de la que JZI posee un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores de europa de JZI; Antonio Aynat, fundador y CEO de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también fundador y gestor en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el encargado de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, al menos, 19 empresas, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el conflicto comienza leer más a gestarse en 2016, instante en el que los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde entonces, se manifiesta que se ha hecho un uso indebido de los elementos de Gedesco para identificar y capitalizar ocasiones de inversión a través de una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada mediante una red de 12 filiales.
Esta composición pretendía ocultar la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta el momento en que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una sucesión de solicitudes judiciales en 2022, incluyendo una querella en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales contra el fondo, en un lapso de menos de dos meses.
Este ámbito legal sigue desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la suspensión de las afirmaciones de los fundadores de JZI por falta de rastros delictivos, mientras que se desvelan mucho más capas de un enfrentamiento que subraya la complejidad de las operaciones financieras multinacionales y las disputas entre inversores y gestores en el ámbito del capital peligro..